ANTECEDENTES
¿Por qué paraprofesionales? ¿Por qué ahora?
Desde finales de la década de 1980, el State Bar ha considerado la idea de dar licencias a los que no son abogados para que presten servicios legales limitados al público.
Esta idea se ha propuesto con frecuencia para tratar la prolongada brecha entre la necesidad de los californianos de servicios legales civiles y la disponibilidad de esos servicios.
En 2019, el California Justice Gap Study: Measuring the Unmet Civil Legal Needs of Californians (Estudio de la brecha en la justicia de California: Medición de las necesidades legales civiles insatisfechas de los californianos), reveló el alcance generalizado del problema.
Californianos de todos los niveles de ingresos informaron de que no recibieron ayuda legal, o recibieron ayuda legal inadecuada, para el 85 por ciento de sus problemas legales civiles. La gente citó razones como:
- No estaban seguros de si el problema era de hecho una cuestión legal.
- Decidieron tratar el problema sin ayuda.
- Estaban preocupados por el costo.
- No sabían dónde buscar ayuda.
- Tenían miedo de emprender acciones legales.
Desde el estudio, el State Bar se esforzó para reducir la brecha en la justicia, incluyendo la formación del Task Force on Access Through Innovation of Legal Services (Grupo de trabajo sobre el acceso mediante la innovación de los servicios legales) y el Closing the Justice Gap Working Group (Grupo de trabajo para cerrar la brecha en la justicia).
Después de analizar también cómo otros estados y países respondieron al problema del acceso a los servicios legales, el State Bar concluyó que un programa de paraprofesionales legales cuidadosamente diseñado y debidamente regulado podría ser un componente importante de la solución en California.
En marzo de 2020, la Junta Directiva del State Bar encargó a un grupo de trabajo que desarrollara una propuesta para dar licencias a un nuevo grupo de profesionales legales.
La membresía del grupo de trabajo incluyó a consumidores, organizaciones de servicios legales, jueces, facultades de derecho y abogados en ejercicio.
Desarrollaron la primera propuesta integral para un nuevo programa de licencias, y un conjunto propuesto de reglas de conducta para profesionales y sanciones por violaciones.